¿Que se entiende por desviación de poder?

«Se entiende por desviación de poder el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados en el ordenamiento jurídico» ( LJCA , art. 70.2, y LPAC , art. 48.1 ).

Hay desviación de poder cuando el acto aun siendo formal y sustancialmente acorde a la ley, sin embargo no lo es desde el punto de vista de la intención con la que es dictado, por cuanto la administración al dictarlo no persigue con ello el fin a cuyo logro le fue acordada la facultad para hacerlo.

La desviación de poder en materia contractual se puede definir, como la función administrativa ejercida por el servidor público, con el propósito de favorecer a un tercero, dejando de lado el fin legítimo que persigue la ley con la atribución de la respectiva competencia.

Adm. Infracción de carácter meramente formal que, en tanto no produzca indefensión, no determina la invalidez del acto administrativo, por lo que este posee eficacia jurídica.

El error de hecho es cuando la administración interpreta o comete un fallo a la hora de interpretar unos hechos o circunstancias que han ocurrido, o bien, comete un fallo o un error a la hora de tener en cuenta circunstancias, datos etc.

1. Adm. Actuación de la Administración realizada sin competencia o prescindiendo totalmente del procedimiento legalmente establecido.

El artículo 43º del TUO establece que, «Son nulos de pleno derecho los actos administrativos dictados por órgano incompetente; contrarios a la Constitución y a las leyes y los que contengan un imposible jurídico; dictados prescindiendo de las normas esenciales del procedimiento y de la forma prescrita por la ley.»

Sin embargo, los actos administrativos pierden fuerza ejecutoria cuando: (I) son suspendidos provisionalmente por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, (II) desaparecen los fundamentos de hecho o de derecho, (III) transcurren 5 años desde la fecha en que quedaron en firme y la administración no los ejecuta, ...

De acuerdo con la Ley N° 27444, el acto administrativo que sea emitido sin observar la Constitución, las leyes o las normas reglamentarias es nulo y, por lo tanto, no debe surtir efectos.

Puede alegar la nulidad absoluta todo el que tenga interés, y el heredero lo tiene, sin ni siquiera invocar este derecho como adquirido del causante. El artículo 1683 establece una prohibición, y las prohibiciones deben interpretarse restrictivamente y no por analogía.

Nulidad absoluta y nulidad relativa. Nulidad total y nulidad parcial.

“Artículo 2230. La nulidad por causa de error, dolo, violencia, lesión o incapacidad, sólo puede invocarse por el que ha sufrido esos vicios de consentimiento, se ha perjudicado por la lesión o es el incapaz.”

La que acaece o sucede de forma improvisada o repentina al surgir o desaparecer alguna de las condiciones esenciales que le daban legitimidad al acto realizado.

Para los efectos de esta Ley, se entenderá por actividad administrativa irregular, aquella que cause daño a los bienes y derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate.

Irregularidades mixtas, en que cambia no sólo la vocal sino también la consonante, como en saber/sepa. Alternancias heteróclitas. Cuando diferentes tiempos se forman de raíces independientes.

7. Para los efectos de este examen interesa en particular la distinción entre el error de derecho, que se refiere a la existencia, naturaleza o extensión de los derechos que son objeto del negocio jurídico7, y el error de hecho, que concierne a modificaciones del mundo exterior.

Error involuntario fácilmente comprobable, como el error ortográfico o numérico en relación con nombres, fechas u operaciones aritméticas.

Para probar el error de hecho o de derecho en la valoración de la prueba, es menester la existencia de actos auténticos o documentos que conduzcan a demostrar la manifiesta equivocación del juzgador, pues, de no ser así la valoración de la prueba resulta incensurable.

El acto presunto o silencio administrativo es una figura peculiar en el Derecho Administrativo. Aunque no constituye una declaración de voluntad explícita por parte de la Administración, el ordenamiento jurídico lo trata como un acto legítimo que otorga los mismos efectos que un acto expresado de manera directa.

Ocurre cuando una autoridad pública se abstiene de actuar, cuando por ley está obligado a hacerlo, afectando los intereses de una persona o de un grupo. Ejemplo: «La ausencia de respuesta a la solicitud de un servicio públicos constituye una omisión administrativa«.

Una vez la Administración que dictó el acto determine la inadecuación del mismo al ordenamiento jurídico y a los intereses generales, se acordará la declaración de lesividad por el órgano competente de la Administración General del Estado o de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Un acto administrativo de carácter general, para sacarlo del ordenamiento jurídico, es anulable a través de la jurisdicción contenciosa en acción de nulidad, de conformidad con lo preceptuado por el art. 137 de la ley 1437 de 2011.

Impugnación de Actos Administrativos. Las formas de impugnación de los actos administrativos tienen por objeto modificar, reemplazar, anular o revocar en sede administrativa un acto administrativo por el cual una persona se siente menoscabada. La elección de la vía judicial impide la impugnación en vía administrativa.

3.1 La nulidad podrá ser declarada aún cuando el acto administrativo haya quedado consentido y sólo si se agravia el interés público5. 3.2 El plazo para declarar la nulidad es de un año, contado a partir de la fecha en que el acto administrativo haya quedado consentido.

La pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos es una figura que fue regulada a partir de la promulgación del Decreto 01 de 1984, la cual consiste en que los actos administrativos pierden obligatoriedad cuando se presenta alguna de las causales previstas en el citado artículo.