¿Qué tiene más valor una ley o un decreto?

Siempre prevalecerá lo que dice una ley por encima de lo que diga un decreto. Cuando el decreto recibe la denominación de real se debe a que el Rey, como Jefe de Estado, lo expide, tal y como se establece en la Constitución Española, en particular, en el artículo 62 f.

Los decretos no tienen carácter de ley, están, por lo tanto, por debajo de esta en la pirámide de la jerarquía normativa de nuestro país y no deben contradecir a las leyes vigentes en ninguno de sus enunciados.

La principal diferencia entre ley y decreto radica en su origen, proceso de creación y alcance, las leyes son normas aprobadas por el poder legislativo y son de cumplimiento obligatorio para todos los ciudadanos. Los decretos son normas emitidas por el poder ejecutivo y tienen un alcance limitado y específico.

Claves de la jerarquía normativa

La Constitución es superior a cualquier otra norma jurídica. Una norma de rango inferior no puede contradecir a una de rango superior. Una norma posterior deroga a una norma anterior de igual rango. Una ley especial prevalece frente a una ley general.

Principio que determina la superioridad de rango de unas normas sobre otras y la consiguiente aplicación necesaria de la norma superior.

Decreto. Resolución escrita de carácter normativo expedida por el titular del Poder Ejecutivo, en uso de sus facultades legislativas, o por el Poder Legislativo. Al interior del Congreso, el decreto contiene un proyecto de ley aprobado por el Pleno de una o de ambas cámaras.

El trámite de convalidación corresponde exclusivamente al Congreso de los Diputados sin intervención del Senado. Se trata de una ratificación del decreto-ley para que deje de ser una norma provisional.

Sin embargo, no mantienen una relación de igualdad: en la jerarquía de las normas jurídicas encontraríamos en primer lugar la ley y justo después de ella los decretos (a menos que sea un decreto-ley, en cuyo caso tendría el mismo rango que la ley).

Los decretos son actos administrativos dentro de la competencia de los jefes de los poderes ejecutivos (presidente, gobernadores y alcaldes). Por lo general, el mandatario usa un decreto para hacer nombramientos y regulaciones de leyes (como para hacerlas cumplir de manera efectiva, por ejemplo), entre otras cosas.

Disposición de naturaleza legislativa, enunciada bajo forma de decreto, dictada por un poder de facto que ha reunido para sí, contra lo previsto en el ordenamiento constitucional, las funciones parlamentarias y ejecutivas y que no van al trámite de toma de razón de la Contraloría General de la República.

Las órdenes ministeriales, tal y como su nombre indica, las dictan los ministros y los consejeros dependiendo de sus competencias delegadas del Gobierno. Se sitúa por debajo del Real Decreto.

El Real Decreto es una norma que tiene carácter reglamentario y está, jerárquicamente, por debajo de la ley. Se lo denomina así porque se expide desde el Estado, siendo el Rey o el Consejo de Ministros quienes lo aprueban con respeto a los principios y valores nacionales.

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

q Principio de norma más favorable

En el caso de que existan dos o más normas en vigor y se discuta cuál debe aplicarse con preferencia, se debe elegir la que sea más favorable para el trabajador, aunque sea una norma de rango inferior.

Un problema capital del Ordenamiento jurídico Administrativo es el de la coexistencia y articulación de la Ley con esta norma de formulación administrativa. Esa coexistencia se ordena alrededor del principio de jerarquía: la Ley vale más que el Reglamento y éste está subordinado a aquella.

Las fuentes del Derecho; la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho.

Cuando se habla de un decreto ley se trata de un acto que ofrece la posibilidad de tener aplicación con fuerza de ley sin que necesite la intervención del congreso, generalmente se da cuando existen necesidades que deben ser ejecutadas con urgencia.

Según esta norma, los decretos son expedidos por los alcaldes para atender situaciones de carácter general y las resoluciones para referirse a situaciones especiales.

Acordar, declarar, dictar disposiciones. La sentencia decretó que la actuación impugnada era conforme a derecho.

Según la Constitución española, en el artículo 86, estos decretos ley no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos (...), al régimen de las Comunidades Autónomas, ni al Derecho Electoral general.

La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

Las disposiciones que el Consejo de Gobierno incorpora mediante decreto-ley tienen una vigencia limitada a treinta días desde su promulgación. Al tratarse de una fuente dictada con necesaria vocación de inmediatez, se ha de esperar que la aprobación, promulgación, publicación y entrada en vigor sean simultáneas.

Por último, formalmente, el Código civil es un decreto legislativo; por tanto, actual- mente, en la jerarquía normativa se halla por debajo de la Constitución y al mismo nivel que las leyes ordinarias. Además, no puede regular materias reservadas a ley orgánica (art. 81 CE).

De acuerdo con la Constitución, en México tienen la facultad para iniciar leyes o decretos: El Presidente de la República. Los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión. Las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México.

Diario Oficial de la Federación.

Según el artículo 2.1 del Código Civil las leyes entrarán en vigor a los 20 días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, si en ellas no se dispone otra cosa.