¿Quién ejerce las funciones jurisdiccionales?

El ejercicio de la potestad jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en las leyes y en los tratados internacionales.

El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.

La función jurisdiccional podría ser definida desde el punto de vista orgánico como “la ejercida con carácter exclusivo por los jueces y tribunales, aplicando las normas jurídicas en los juicios civiles, penales y contencioso-administrativos, juzgando de modo inmutable y ejecutando lo juzgado”³⁹.

servicio de la administración de justicia, directa o indirectamente: Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo de la Magistratura, Academia de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, entre otros.

La jurisdicción ordinaria se divide en cuatro órdenes jurisdiccionales: Civil, Penal, Contencioso-Administrativo y Social.

Artículo 122.

La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia.

La actividad administrativa siempre conduce al dictado de un acto administrativo, cuyas características de ejecutoriedad y presunción de legitimidad lo definen; la jurisdiccional, en cambio, concluye en la sentencia, rodeada de caracteres y contenidos sustancialmente distintos.

La jurisdicción general se establece basándose en el domicilio del demandado; la especial se aplica a los contratos, en el lugar de cumplimiento de las obligaciones; la exclusiva, corresponde al tribunal acordado por las partes en el contrato.

De modo que las funciones jurídicas pueden ser inicialmente definidas como un estatus acompañado de los poderes deónticos para crear, aplicar y hacer cumplir la ley, las cuales se adscriben a ciertas personas (funcionarios o servidores) de manera directa o indirecta por una norma existente.

Son las cortes, tribunales o jueces de un país que tiene a su cargo la administración de justicia.

Gral. Desde un punto de vista formal, poder que se manifiesta a través de las resoluciones judiciales en cuya virtud el órgano jurisdiccional adopta una decisión concerniente a las partes.

En nuestro derecho la doble instancia es una garantía procesal. Esta garantía de doble instancia está representada por Cámaras de Apelaciones, en general. La tercera instancia está representada por los Superiores Tribunales y Cortes provinciales. Y la última instancia es la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los jurados juzgan los hechos tanto en casos penales como civiles. En los casos penales, el jurado determina si el acusado es culpable o no culpable de la comisión de un delito. En los casos civiles, el jurado decide disputas relacionadas con dinero, bienes y otras cosas de valor.

Jurisdicción temática

Sobre todo el territorio nacional ejercen potestad jurisdiccional la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

Artículo 128

Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica.

Artículo 144

Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional: Autorizar la constitución de una Comunidad Autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143.

Dicho precepto establece que «el Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados», constituye el pórtico del Título V de la Constitución, en el que se regulan las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.

Organización judicial especializada en la resolución de las controversias en las que es parte la Administración pública o que versan sobre actos y decisiones adoptadas por órganos de naturaleza administrativa.

La justicia administrativa consiste en un conjunto de instrumentos jurídicos y procesales que tienen como finalidad la tutela de los particulares frente a la administración pública (Fix-Zamudio, 2005).

El control jurisdiccional de los actos dictados por la Administración pública es una consecuencia del Estado de Derecho en tanto asegura la sujeción de la Administración al Derecho y garantiza el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Cabe mencionar que la función jurisdiccional suele tener dos límites: LOS OBJETIVOS, Que se determinan por el tipo de litigios de los que pueden conocer los juzgadores de acuerdo con su competencia. LOS SUBJETIVOS. - Que derivan de la situación jurídica en que se encuentran determinadas personas.

La jurisdicción se define como las atribuciones que tiene el Estado, es decir el país, de imponer su autoridad por medio de las leyes y de los tribunales según la materia a cuestionar; por su parte, la competencia judicial es el poder que tiene cada tribunal o juzgado y magistrado o juez en determinado caso o asunto ...

- La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la función judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la Constitución.”

Tales funciones o fines funcionales del Derecho son: a) Certeza y seguridad, a la vez que posibilidad de cambio ; b) Resolución de los conflictos de intereses; y c) Organización, legitimación y restricción del poder política.

El proceso jurisdiccional es el mecanismo idóneo para la resolución de los conflictos de la población, pues presenta herramientas eficaces para proteger los intereses de las partes y garantiza efectivamente el debido proceso.