¿Quién puede iniciar concurso de acreedores?

Quién puede solicitar el concurso: El deudor, Los acreedores, Y, en el supuesto de que un procedimiento de segunda oportunidad no se llegue a un acuerdo extrajudicial de pagos o se incumpla por el deudor persona física, el mediador.

¿Quién puede solicitar la declaración del concurso? Los legitimados por la Ley Concursal para solicitar la declaración del concurso son: El propio deudor. Los acreedores.

El empresario tiene la obligación de solicitar el concurso de acreedores cuando se encuentre en situación de probabilidad de insolvencia, insolvencia actual o inminente.

La declaración judicial del concurso puede solicitarse tanto por el propio deudor, lo que se conoce como concurso voluntario, o por los acreedores, socios, herederos, administradores, entidades gremiales, la bolsa de valores, codeudores, fiadores, avalistas o integrantes del órgano de control interno, lo que la ley ...

Según esta ley, la presentación del concurso de acreedores se debe realizar cuando la empresa se encuentre en una situación de insolvencia actual o inminente, es decir, cuando no pueda hacer frente a sus obligaciones de pago de forma regular o prevea que va a suceder en breve.

De acuerdo con la ley, el deudor deberá solicitar el concurso en un plazo de dos meses desde que conoce el estado de insolvencia actual o inminente de la empresa, es decir, tal y como recoge la ley, cuando le sea imposible “cumplir con las obligaciones regularmente”.

Dada la complejidad del proceso, el tiempo que se tarda en resolver el concurso de acreedores dependerá de la situación financiera de la empresa y la cantidad de acreedores involucrados, entre otros. Por lo general, el concurso de acreedores tiene una duración de entre 6 meses y dos años.

- Este procedimiento se inicia con la solicitud de declaración del concurso; la cual podrá ser presentada por el propio deudor, tal como señala el art. 2.3 de la LC -justificando aquél su estado de insolvencia, actual o inminente- o por el acreedor, conforme al apartado 4º del mismo art.

Los procedimientos concursales se inician a instancia de parte interesada ante la autoridad concursal. El impulso de los procedimientos concursales es de parte. La intervención de la autoridad concursal es subsidiaria.

El procedimiento concursal es aquel que se inicia cuando una persona física o jurídica entra en situación de insolvencia, no pudiendo hacer frente a sus deudas. Tiene como objetivo negociar y llegar a un acuerdo entre acreedores y deudor. El primero de los requisitos por lo tanto es la existencia de un deudor.

Las únicas excepciones que la Ley contempla, (Art. 1.3 L.C.), las cuales no podrán ser declaradas en concurso son: las entidades que integren la organización territorial del Estado, los organismos públicos y demás entes de derecho público.

7 pasos a seguir para presentarse a un concurso público

Una vez finalizado el Procedimiento Concursal, se llevará a cabo la disolución y extinción de la entidad jurídica, y se cerrará su inscripción en el Registro Mercantil. También se producirá la remisión o condonación de las deudas pendientes.

Tal y como establece la Ley Concursal, existen tres modalidades de concurso: el ordinario, el de especial trascendencia y el abreviado.

En la Ley de Segunda Oportunidad, la remuneración del administrador concursal está establecida por un arancel que fija el Ministerio de Justicia. Aunque puede variar, a menudo ronda los 1.200€ – 2.000€.

Una persona podrá declararse insolvente cuando haya incumplido el pago de dos o más obligaciones a favor de dos o más acreedores por un plazo mayor a 90 días, o cuando cursen en su contra una o más demandas de ejecución o cobro judicial.

En cualquier caso, los honorarios de abogado y procurador en un concurso de acreedores suelen oscilar entre los 3.000 y los 5.000 €. La cifra puede parecer elevada. Pero debemos considerar que la tramitación del concurso de acreedores se puede alargar durante más de un año.

El plazo de prescripción para una deuda por el impago de cualquier tipo de suministros (agua, luz, teléfono, etc.) es de 3 años.

La finalidad del procedimiento concursal es alcanzar un acuerdo o convenio con los acreedores para lo que se puede pactar una quita y un aplazamiento de la deuda, además de un y/o ejecuta a través de una propuesta de convenio con sus acreedores a través de quitas y esperas sobre los créditos impagados.

El concurso de acreedores se divide en cuatro fases definidas en el artículo 508 de la Ley Concursal: fase común, fase de convenio, fase de liquidación y, por último, fase de calificación. A continuación se detallan las mismas, así como las acciones que se generan en cada una de ellas.

- Cuando se produce la Insolvencia legal de una empresa:

El trabajador afectado deberá iniciar un procedimiento judicial para reclamar su deuda. Una vez judicializado el asunto, se inicia el proceso de embargo de la empresa para cubrir los salarios debidos a sus trabajadores.

La Ley de Segunda Oportunidad, también conocida como Mecanismo de Segunda Oportunidad, es un proceso legal que permite a personas físicas cancelar total o parcialmente deudas y salir a flote tras una situación de imposibilidad de hacer frente a las deudas contraídas.

En un concurso de acreedores, quien cobra primero es el último acreedor con quien se haya contraído una deuda. Por extraño que parezca, no se pagan primero las viejas deudas. Normalmente son los últimos acreedores, o las deudas más recientes, lo que se salda primero.

En resumen, el Procedimiento Concursal finaliza cuando se ha cumplido el convenio acordado con los acreedores, el administrador concursal ha concluido la liquidación del patrimonio del deudor y ha distribuido los activos entre los acreedores, o cuando no hay activos para satisfacer a los acreedores.

Estos deudores personales pueden llegar a un acuerdo con sus acreedores mediante un procedimiento concursal. Para entrar en este proceso de renegociación, la persona debe tener dos o más deudas que tengan más de 90 días desde el vencimiento y cuyo monto sea de más de 80 Unidades de Fomento.

En efecto, mediante la liquidación en marcha se busca generar las condiciones necesarias para revalorizar el patrimonio del deudor, considerándolo como una unidad de producción, no obstante encontrarse el deudor en estado de disolución, con miras a ser posteriormente realizado o transferido como un bloque patrimonial.

Definición. Persona física o jurídica declarada legalmente en concurso de acreedores.