¿Quién resuelve conflictos jurisdiccionales?

Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados o Tribunales y la Administración, serán resueltos por el órgano colegiado a que se refiere el artículo 38 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que recibirá el nombre de Tribunal de Conflictos de Jurisdicción.

La función de dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones esta atribuida a la Honorable Corte Constitucional1.

El Tribunal Constitucional en el plazo de diez días ha de comunicar al Gobierno o al órgano ejecutivo de la Comunidad Autónoma la iniciación del conflicto, señalándole plazo, que no podrá ser superior a veinte días, para que formule las alegaciones que tuviera por conveniente.

Los órganos jurisdiccionales, particularmente en el Estado Constitucional Democrático de Derecho, son quienes tienen la función de dirimir los conflictos sometidos a su conocimiento y resolución, y tratándose de la materia electoral, es claro que no sólo las partes, sino la sociedad en su conjunto, esperan de ellos una ...

Conflicto que se produce cuando dos o más jueces o tribunales de Estados diversos consideran que tienen jurisdicción para dirimir un mismo asunto.

La jurisdicción es la función que tienen los tribunales de justicia de conocer, sentenciar y ejecutar lo sentenciado en los conflictos que sean sometidos a su decisión.

Hay límites a la autoridad legal de cada corte para considerar y decidir un caso. Para que una corte pueda decidir un caso, tiene que tener jurisdicción sobre el caso.

Es la parte de poder jurisdiccional poseída por cada juez o magistrado; es decir, la medida de la jurisdicción. La competencia es entonces la aptitud legal de ejercer jurisdicción en un proceso concreto y determinado.

Conflicto positivo que se produce cuando dos o más jueces o tribunales reclaman su posición para conocer la misma causa y no pueden resolverlo entre ellos.

Los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de las Comunidades Autónomas entre sí constituyen uno de los asuntos atribuidos a la competencia del Tribunal Constitucional conforme a lo previsto en el artículo 2.1. c) de su Ley Orgánica.

Son órganos jurisdiccionales unipersonales que tienen competencia en materia civil y penal. En cada partido judicial habrá uno o más juzgados de primera instancia e instrucción con sede en la capital de aquel y jurisdicción en todo su ámbito territorial.

servicio de la administración de justicia, directa o indirectamente: Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo de la Magistratura, Academia de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, entre otros.

Proc. División de la jurisdicción ordinaria en la organización judicial española.

Para resolver un conflicto normativo, debe estarse al principio de que, ante la contradicción de dos leyes, debe atenderse a la de mayor jerarquía y, en caso de ser iguales a lo que disponga la ley especial.”

La jurisdicción general se establece basándose en el domicilio del demandado; la especial se aplica a los contratos, en el lugar de cumplimiento de las obligaciones; la exclusiva, corresponde al tribunal acordado por las partes en el contrato.

En la organización judicial española, la jurisdicción ordinaria se divide en cuatro órdenes jurisdiccionales: Civil: examina los litigios cuyo conocimiento no venga expresamente atribuido a otro orden jurisdiccional. Por ello puede ser catalogado como ordinario o común.

El ejercicio de la potestad jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en las leyes y en los tratados internacionales.

La Jurisdicción es la potestad del Estado de poder aplicar el derecho, por medio de tribunales y jueces, con el objetivo de imponer la voluntad sobre otros de manera irrevocable y definitiva.

Entonces, ¿Quién manda más, un juez o un magistrado? El magistrado no tiene más poder que un juez ni tampoco al revés. Los jueces y los magistrados no tienen superiores ni jefes. Únicamente están sometidos al Imperio de la Ley, son totalmente autónomos e independientes a la hora de tomar sus decisiones.

La jurisdicción ordinaria se divide en cuatro órdenes jurisdiccionales: Civil, Penal, Contencioso-Administrativo y Social. Dentro de cada orden jurisdiccional, existen órganos especializados en materias más concretas como, por ejemplo, los juzgados de lo mercantil o los juzgados de violencia sobre la mujer.

De manera más simplificada, la jurisdicción, es el poder de administrar justicia en un territorio, es la potestad pública de conocer y sentenciar los casos judiciales, dentro de su capacidad territorial.

Jurisdicción es la facultad de aplicar justicia. Es decir, la potestad estatal de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. La competencia es el límite de la aplicabilidad de dicha potestad, en razón de las personas, territorio, grado y materia. Por ende todo los jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia.

Si se considera una pretensión personal el principio es que el competente será el juez del domicilio del demandado sin importar donde esté el bien; si se considera real, será competente el juez de la situación, esto es donde se ubica el bien sin importar el domicilio del demandado.

García Ramírez, nos da cinco elementos de la jurisdicción que son: notio, vocatio, coertio, juditium y executio. Gracias a la notio puede el juez conocer del litigio; por medio de la vocatio está facultado para obligar a las partes a comparecer entre sí.

Determinación de la competencia. La competencia se determina por la situación de hecho existente al momento de la interposición de la demanda o solicitud y no podrá ser modificada por los cambios de hecho o de derecho que ocurran posteriormente, salvo que la ley disponga expresamente lo contrario.

Artículo uno. Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados o Tribunales y la Administración, serán resueltos por el órgano colegiado a que se refiere el artículo 38 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que recibirá el nombre de Tribunal de Conflictos de Jurisdicción.

Mediante este método se intenta determinar directamente con la aplicación de normas nacionales la competencia del juez o tribunal frente a un problema derivado del tráfico jurídico internacional.